El Consejo de la Magistratura ha sido uno de los escenarios donde el kirchnerismo libró muchas de sus más duras batallas por obtener el control de la Justicia. 

 

El jueves, con el voto unánime de 11 de sus miembros presentes, el Consejo aprobó la iniciativa de un grupo de organizaciones de la sociedad civil en favor de una exhaustiva auditoría de los jugados federales que investigan delitos contra la administración pública. Un relevamiento sobre qué han hecho y qué están haciendo los jueces que deben castigar la corrupción. Pocas medidas despertaron mayor expectativa –y preocupación– en la Justicia.

Dos días antes, durante la reunión de gabinete del martes, el presidente Macri había instruido al ministro de Justicia Germán Garavano para un seguimiento sobre el vertiginoso ritmo que tomaron las causas por corrupción que involucran a funcionarios del último gobierno después de años de parálisis, sujeción y temor. Garavano lo hizo público ese mismo día: “El presidente mencionó la necesidad de que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto. La sociedad está esperando respuestas”.

El gobierno aspira a que la indagación sobre la tarea de la Justicia federal en los largos años del kirchnerismo –jueces, camaristas, miembros de tribunales orales– despeje el camino hacia el juicio y remoción de aquellos que habrían sido funcionales a la impunidad. Desde la fantasmal aparición de José López con su carga millonaria en dólares no alcanzan las bocas en el gobierno para ponerles nombres: los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello y el camarista Eduardo Freiler –de la muy cuestionada sala I del tribunal que integra Jorge Ballestero y que acaba de abandonar el subrogante Eduardo Farah, miembro también de la sala II– están entre los más mencionados.